El suicidio, un gravísimo problema de salud pública

OPINIÓN
Teodoro Leo Menor

El día 10 de septiembre se ha establecido como «Día Mundial de Prevención del suicidio». No obstante, hablar de suicidio en España, y en la mayoría de países, sigue siendo un tema tabú. En realidad, este día, como ocurre todos los años, ha pasado inadvertido e invisible para la mayoría de la población. Pero también –y eso es lo más lamentable– para los medios de comunicación, las instituciones en general y, curiosamente, para la mayoría de los grupos sociales que se encuentran muy activos en la reivindicación de solución de otros problemas que afectan a la comunidad.
El suicidio está considerado uno de los más importantes problemas de salud pública en todo Occidente y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los problemas de salud mental están aumentando de forma alarmante con motivo del Covid-19. Pero la OMS aconseja no mirar para otro lado porque a todos nos puede afectar a lo largo de nuestra vida.
El suicidio está rodeado de secretismo, y muy pocas veces afloran a la luz determinados problemas que pueden llevar a no querer seguir viviendo. Entre esos problemas se encuentran la ansiedad, la soledad, la frustración, la tristeza… El sufrimiento, una emoción que la mayoría de las veces no sale al exterior de la persona, puede llevarla a tomar una decisión drástica: no quiero seguir viviendo. Por eso es tan importante hablar, no encerrarse en sí mismo. Hablar, hablar solo, con uno mismo, en silencio o en voz alta, con un amigo o con un familiar, es fundamental para atajar situaciones conflictivas y también para descargar emociones negativas. Existe la falsa idea de que las conductas suicidas están relacionadas siempre con enfermedades mentales graves. Es un error. Cualquier persona, por el contrario, si está viviendo, aunque sea de forma puntual, una situación estresante, puede ser vulnerable a una conducta suicida. Por eso, tal como dicen los expertos, el suicidio se puede prevenir, porque «hablar adecuadamente del suicidio, previene el suicidio».

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OMS, OIT, INE, Plan Nacional Drogas, Ministerio de Sanidad (Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OMS, OIT, INE, Plan Nacional Drogas, Ministerio de Sanidad (Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones).

Es el Estado el que, de forma prioritaria, tiene que adoptar una política social que inicie sus primeros pasos en la educación en los colegios desde muy temprana edad, donde se eduque a los niños explicándoles que no todo en la vida es de color de rosa. Hay que enseñarles que tenemos que aprender a vivir con los momentos felices y con los momentos de frustración y sufrimiento, que serán muchos a lo largo del recorrido vital, el largo camino de la vida. Si les explicamos a los niños que las expectativas que construimos muchas veces no se cumplen, pero que eso no importa, porque habrá otras; y que si unos objetivos no se pueden conseguir, debemos saber e interiorizar ¡que podemos vivir sin ellos!, habremos dado un gran paso en la resolución de problemas emocionales.
El suicidio es uno de los más graves problemas de salud pública a los que se enfrenta la humanidad, aunque es un problema prevenible. El suicidio es un fenómeno muy complejo de etiología multifactorial, destacando entre los factores de riesgo más importantes, los de carácter biológico, psicológico y ambiental.
La depresión es uno de los factores de riesgo suicida de mayor relevancia, no obstante, solo una minoría de personas en estado depresivo acude a recibir tratamiento o a solicitar ayuda. En el mundo, unos 120 millones de personas sufren depresión, y una de cada cinco sufrirá a lo largo de su vida algún cuadro depresivo.
Pero la prevención del suicidio no ha sido tomada como prioridad en la mayoría de países, sobre todo por una razón: no existe conciencia de que el suicidio es un auténtico problema de salud pública. O sea, el tratamiento del suicidio desde una óptica también social es fundamental, pues muchos suicidios se podrían evitar si existieran verdaderas redes de apoyo y atención psicológica. Las administraciones públicas en España, aparte de un deficiente tratamiento en materia de salud relacionado con el suicidio, carecen de esas redes institucionales de apoyo y atención psicológica a las conductas previsiblemente suicidas. La mayoría de las sociedades de salud mental son de carácter privado.
Las estadísticas sobre suicidios ofrecidas por los diferentes organismos internacionales, especialmente la OMS, son escalofriantes: cada año se contabilizan más de 800.000 muertes por suicidio en el mundo, esto es, una muerte cada 40 segundos, y de esa cifra, el 79% de fallecidos son varones. Se da la circunstancia, además, que por cada suicidio 20 personas más lo intentan. Y un dato estremecedor: el suicidio es la principal causa de muerte no natural entre los jóvenes de 15 a 29 años. Y una de las asignaturas pendientes por parte del Estado es la elaboración de informes rigurosos que determinen las razones por las que el 79% de los suicidios son protagonizados por varones de todas las franjas de edad, con la única excepción mundial de China, donde el suicidio de mujeres es mucho mayor que el de varones (de 138.622 suicidios en ese país en 2019, se suicidaron 76.844 mujeres por 61.779 varones).
Por lo que respecta a España, las cifras son igualmente alarmantes, aunque los países de nuestro entorno cultural, centro y norte de Europa, arrojan cifras de suicidios aún mayores: en los últimos 20 años contabilizados, 2003-2019, ambos inclusive, han muerto por suicidio un total de 69.449 personas en nuestro país, una media de 3.472,45 personas cada año. Si en 2003 se produjeron 3.393 suicidios, en 2019 han sido 3.671 las personas que se han quitado la vida. Ni un solo año de esa serie histórica (2003-2019) la cifra de suicidios ha bajado de 3.000 fallecimientos. En España, por tanto, se suicida cada día una media de 10 personas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OMS, OIT, INE, Plan Nacional Drogas, Ministerio de Sanidad (Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OMS, OIT, INE, Plan Nacional Drogas, Ministerio de Sanidad (Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones).

En el mundo convivimos con diversos problemas de salud pública, auténticas epidemias cuya respuesta institucional no está fundamentada, en algunos casos, en auténticos criterios de salud y en una política de reducción de daños acorde con la envergadura de los diferentes problemas.
El tabaco produce la muerte de ocho millones de personas cada año en el mundo por las diferentes y graves enfermedades que origina. El alcohol no se queda atrás: tres millones de personas mueren cada año por el uso peligroso y abusivo de alcohol, adicción que, según la literatura científica médica al respecto, provoca unas 200 enfermedades de diferente etiología y gravedad. O sea, las dos drogas legales por excelencia en el hemisferio Occidental, el tabaco y el alcohol, producen al año la mareante cifra de once millones de muertes en el mundo. Las drogas ilegales (vegetales y sintéticas), por su parte, producen unos 600.000 fallecimientos al año en todo el mundo, una cifra lejana de los 800.000 fallecimientos por suicidio y a una distancia sideral de las muertes producidas por las dos drogas legales más importantes, el tabaco y el alcohol.
Los accidentes de tráfico y laborales son dos grandes lacras, dos auténticos problemas de salud pública en el mundo.
En cuanto a los accidentes de tráfico, en el año 2019 murieron 1.350.000 personas, una muerte cada 23 segundos. El 62% de esas muertes se concentró en solo 10 países, por este orden: India, China, EEUU, Rusia, Brasil, Irán, México, Indonesia, Sudáfrica y Egipto. Por lo que respecta a la Unión Europea (UE), en sus 27 Estados fallecieron un total de 22.800 personas, 7.000 menos que en 2010. En España, en 2019, murieron 1.755 personas en accidentes de tráfico, con una tasa de 36 muertos por millón de habitantes, muy por debajo de la UE.
Por su parte, en cuanto a los accidentes laborales, hubo en 2020 unos 250 millones de accidentes en el mundo que produjeron 1.000.000 de muertos, estimando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se podrían salvar 600.000 vidas si se utilizaran las medidas de seguridad disponibles y la información adecuada. En España se produjeron 428.474 accidentes laborales en 2020 que produjeron 708 muertos.



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Un capítulo importante de salud pública que suele pasar desapercibido para la población en general y para las administraciones públicas en particular son las muertes producidas por ahogamiento en el mundo. Las estadísticas de 2019 indican que ese año murieron ahogadas un total de 236.000 personas. Por lo que respecta a España, nos situamos en una media de 250 y 350 personas muertas cada año, dándose la triste circunstancia de que la mayoría de ellas son niños de entre 1 y 14 años.
Otro grave problema de salud pública son los asesinatos y homicidios (feminicidios) de mujeres en el ámbito de la violencia de género. En la estadística de 2017, un total de 87.000 mujeres fueron asesinadas en el mundo por sus maridos o exmaridos o por sus compañeros o excompañeros sentimentales o con los que habían mantenido una relación sentimental en el pasado. Esa cifra indica que, cada día, 137 mujeres son asesinadas por un móvil relacionado con la violencia de género, dentro o fuera del domicilio. No es menos cierto que una de cada tres mujeres manifiesta haber sido objeto de malos tratos (psicológicos, físicos, morales y/o sexuales) en el mundo. Al mismo tiempo, en las estadísticas de 2019 aparece que 105.000 mujeres aproximadamente fueron objeto de trata, y una de cada cinco de ellas fue utilizada con fines de explotación sexual. Si a eso le añadimos que unos 200 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital en el mundo, la mujer, por el hecho de ser mujer, sufre un verdadero problema de salud pública.
En España, en la serie histórica 2003-2020 (18 años), estadísticamente contabilizado, han muerto un total de 1.077 mujeres, lo que hace una media anual de 59,83 mujeres asesinadas por sus maridos o exmaridos o compañeros o excompañeros sentimentales. Si analizamos esa serie histórica año a año, observamos que, si exceptuamos 2015, donde se produjeron 60 víctimas mortales, entre 2012 y 2020, ambos inclusive, la incidencia de muertes se ha movido en la franja de 45-55 mujeres asesinadas cada año. Cifras muy lejos de las 71 de 2003, de las 72 de 2004, de las 71 de 2007, de las 76 de 2008 o de las 73 de 2010. No obstante, por lo que respecta a 2019, tomado como ejemplo, donde murieron de forma violenta 55 mujeres en España, solo el 20% había denunciado previamente al agresor.
Es evidente, por tanto, respecto de la problemática de violencia de género, que la legislación penal aprobada en 2004 y las sucesivas reformas; el Convenio de Estambul de mayo de 2011, firmado y ratificado por España, instrumento jurídico continental para luchar y prevenir contra toda forma de violencia hacia la mujer; la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; los Juzgados de Violencia de Género; la labor de la Policía Judicial; la atención primaria; los Servicios Sociales de las diferentes administraciones y la tremenda sensibilización social, han colaborado para que esta lacra pueda frenar su recorrido mortal de los últimos años. España es uno de los pocos países que se adelantó al Convenio de Estambul, y su legislación penal, civil, administrativa y social es de las más adelantadas y efectivas del mundo. En cualquier caso, España, en relación con los países de nuestro entorno cultural (centro y norte de Europa), tiene uno de los índices de delitos relacionados con la violencia de género y sexual más bajo y por supuesto por debajo de la media de la Unión Europea.
Sería de desear que, tal como ocurre en la problemática de violencia de género, donde se está aplicando, desde hace años, una correcta política criminal y social –de lo que todos debemos congratularnos y seguir en esa senda–, las diferentes administraciones del Estado, empezando por los Ministerios de Asuntos Sociales e Igualdad, dediquen el mismo esfuerzo, apoyo institucional y presupuesto a un descomunal problema de salud pública como es el suicidio. Es lamentable que, al día de la fecha, un problema de salud pública de la envergadura del suicidio, con una media de 3.500 muertes al año, casi el 80% varones, entre ellos un porcentaje muy alto en la franja 15-29 años, no tenga la respuesta institucional que merece. A diferencia de la problemática de la violencia de género y de otros colectivos considerados vulnerables, que han llegado a calar en la sociedad, aunque ciertamente muchas veces desde presupuestos ideológicos y partidistas que deberían estar al margen de todo problema de salud pública, el problema del suicidio sigue invisible en España, siendo como es la cuarta causa de muerte no natural del mundo (tras las muertes producidas por el tabaco, el alcohol y los accidentes de tráfico y laborales, aunque en España el suicidio ocupa el tercer lugar, por debajo del tabaco y el alcohol, pero por encima de los accidentes de tráfico y laborales juntos).
Los familiares de las víctimas de suicidio se convierten, a su vez, en víctimas de por vida, por lo que merecen la mayor atención por parte de las administraciones del Estado y la sensibilización de toda la sociedad.
Adjunto gráficas representativas de las principales problemáticas de salud pública existentes en el mundo en general y en España en particular de forma permanente, donde el suicidio, como hemos expuesto, aparece como uno de los más graves problemas de salud pública a los que se enfrenta la humanidad

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