Manifiesto leído al final de la manifestación:
“Vivimos actualmente, con la excusa de la crisis económica que nosotros no hemos provocado, una época de recortes en servicios públicos en general y en educación en particular, que, junto con la recientemente aprobada Ley Wert, supone un ataque a la educación pública tal y como hoy la tenemos concebida, por las siguientes razones:
• Esta ley se convierte en la séptima reforma educativa en 42 años, volviendo a hacerse como las anteriores, sin el necesario consenso entre las distintas fuerzas políticas ni con la comunidad educativa (Consejo Escolar estatal, sindicatos de profesorado o estudiantes, o federaciones de asociaciones de padres y madres). Si es verdad que necesitamos una reforma del sistema educativo, ésta ha de hacerse con todas las garantías de que sea sostenible en el tiempo.
• El carácter antidemocrático de esta ley no sólo se refleja en la forma en que ha sido aprobada, sino en el carácter autoritario que confiere a los directores, que serán nombrados por la administración, y tendrán poder para decidir sobre la gestión de los mismos, sin que sea necesario contar con el apoyo del Consejo Escolar en el que está representado toda la comunidad educativa, y que pasa ahora a tener un papel meramente consultivo. También podrán decidir sobre las platillas de los centros, desplazando a profesorado definitivo o contratando a profesorado que no haya superado el proceso de oposiciones, abriendo así una puerta a la privatización de la enseñanza.
• Se preocupa más de crear individuos que formen parte del proceso de producción y consumo que necesita el mercado, que de la formación integral de las personas, que les permita ser parte de una sociedad más justa, cohesionada, culta y democrática. Se crea no sólo una cultura competitiva dentro del alumnado, sino incluso entre los distintos centros, cuyos recursos dependerán de unos ránkings que se establecerán en función de los resultados de pruebas externas como las reválidas.
• Entiende el sistema educativo como una herramienta para la segregación y la exclusión, imponiendo reválidas en las que el alumnado se jugará en un día el itinerario de sus futuros estudios. En lugar de entender la evaluación como una herramienta al servicio de corregir los problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje, la reválida supone el encasillamiento del alumnado, al tiempo que un mecanismo de control de su temario y sus asignaturas. La principal víctima de esta segregación será el alumnado más vulnerable, que proviene, normalmente, de las familias más desfavorecidas.
• Desvincula la calidad educativa de la inversión en educación, consolidando a nuestro país como uno de los países que menos dedica al gasto educativo, reduciéndolo del 5% al 3,9% del PIB. Esto supondrá un endurecimiento de los requisitos para obtener beca, el aumento de la ratio de alumnos por clase, o la supresión de servicios de comedor, de educación infantil, o de transporte escolar para enseñanzas no-básicas (infantil, bachillerato, ciclos formativos…). Eso sí, no se tocan las partidas destinadas a los colegios concertados, que podrán incluso subir al abrirse la puerta a conciertos en bachilleratos.
La Plataforma, defensora de un sistema educativo público, democrático y participativo, universal, gratuito, integrador y multicultural, que favorezca la atención a la diversidad del alumnado considera que estos principios están en peligro con esta nueva Ley; y conscientes de que la enseñanza pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión y la inclusión social, la superación de las desigualdades de origen, la igualdad entendida como libertad igual para todos y todas, la vertebración de toda la sociedad en un objetivo común y el verdadero progreso individual y social, no sólo el de unos pocos, pide la RETIRADA DE ESTA LEY y la apertura de un nuevo proceso de diálogo con tod@s para crear una educación de tod@s y para tod@s”.
Plataforma por la Educación Pública de Ubrique.
Ubrique, 12 de junio de 2013.
