ARTÍCULO DE OPINIÓN
José García Solano
(Coordinador local de IULV-CA)
La sigla “PP” no sólo es el símbolo del partido de la derecha ideológica que gobierna en España, es también la sigla del Partido Popular. Igualmente nos sirve para “siglar” Partido Privatizador. Privatizador por excelencia. Conscientes como son, sus miembros, de que todo lo que sea arrebatado a lo público: Sanidad, Educación, Energías, Bienes Estratégicos, Servicios Esenciales para los ciudadanos, etc., etc., con toda probabilidad serán recursos y negocios que ellos directamente o a través de sus grupos familiares o económicos convertirán en negocios y repartos de beneficios (Estadísticamente de las donaciones privadas, de empresas y particulares, que reciben los partidos políticos, el 90% van a parar al PP). “Los ciudadanos, el pueblo en general (organizado o no), no debe asumir el papel de víctima, sin más”.
Se viene repitiendo en estos últimos años: “Basta Ya” “No nos representan” “Democracia Real” “No hay pan para tanto chorizo”, la lista podría seguir.
Además de compartir esta idea, también se hace necesario buscar escenarios de debate, de exposición de ideas. Plantear exigencias y alternativas para ir cambiando este estado de cosas que a la mayoría de las personas no les gusta como transcurren. No es necesario esperar a que cada 4 años se nos presente la oportunidad de un cambio de Gobierno en el país. Porque otra frustración o engaño sería aún más difícil de superar.
Los mecanismos de cambio seguro y fructífero en toda sociedad son los que se producen de abajo para arriba. Nunca al revés.
La mínima exigencia que debemos imponernos todos y cada uno de los ciudadanos. Esos que copamos los niveles por debajo de la que representa la cúpula económico-política-dominante, hoy en el Gobierno. Es decir el 90% de la población de cualquier país. Esa exigencia mínima es ser vigilantes.
Después se podrá plantear ir más lejos; pero lo primero y fundamental es la vigilancia.
Vigilancia del sistema, del “Statu quo” político-económico-social.
Y esa vigilancia es efectista y efectiva cuando se visualiza y se ejerce en la proximidad, en la cercanía. En el “tú a tú”. Evitando “corrillos” de despachos; el que alguien intente colar “gato por liebre”; o que el “golpe de teléfono” sólo sea por una urgencia.
El ciudadano a título individual o colectivo tiene la obligación de demandar y ejercer sus derechos como tal y reconocidos tanto en la Constitución como en el Estatuto Andaluz.
Y ese derecho plasmado en los Textos Legales se materializa en el ejercicio de la participación ciudadana en los asuntos que le atañen (que son todos).
Es con la participación de la ciudadanía, tanto individual como colectiva, la herramienta y el camino que nos permite la vigilancia más eficaz que la ciudadanía puede hacer respecto de sus administradores públicos (los políticos) y más, si cabe, sobre aquellos que ejercen el poder (los gobernantes a cualquier nivel: local, autonómico, estatal o en la UE).
Y en el terreno de la máxima proximidad, la local, se exige, por salud democrática, una participación individual y colectiva que la normativa local debe asumir y reglamentar de la manera más generosa y extrovertida para que dé cumplimiento a las directrices que en esa dirección marcan nuestras leyes.
Esta participación en la vida política permite a la ciudadanía no sólo el conocimiento, de primera mano, de lo que se cuece en los entresijos de nuestra administración del Estado más próxima como son los Ayuntamientos sino que le permite actuar en consecuencia y por tanto en la mejor posición para la defensa de los intereses generales de la comunidad.
