Lunes, 7 de junio de 2010

El comité comarcal del Sindicato Andaluz de Trabajadores en la Sierra de Cádiz difundió el 7 de junio de 2010 un comunicado en el que muestra su apoyo la huelga de funcionarios y empleados de la administración pública del martes 8 de junio de 2010 y anuncia nuevas movilizaciones en esta comarca para los próximos días. El comunicado dice así: "Tras la reunión mantenida el pasado viernes en Puerto Serrano el comité comarcal de la sierra de Cádiz del Sindicato Andaluz de Trabajadores aprobó apoyar la huelga de la administración pública para el martes 8 de junio en nuestra comarca. Por otra parte se concretó una serie de movilizaciones sorpresa que se realizarán en los próximos días, ante la falta de respuesta por parte del Gobierno ante la crisis que sufre la Sierra de Cádiz". El manifiesto que acompaña este comunicado expresa lo siguiente:
"A los trabajadores y trabajadoras: Con la excusa de frenar el déficit público, el Gobierno ha aprobado:
- Reducir en un 5% los salarios a todo el personal del sector público (no sólo a los funcionarios) en 2010 y congelarlo en 2011.
- Congelar las pensiones para el 2011.
- Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial.
- Eliminar la ayuda por nacimiento de 2.500 euros.
- Reducir el gasto farmacéutico.
-Eliminar la retroactividad en las prestaciones de Dependencia.
- Reducir en 600 millones de euros la ayuda al desarrollo.
- Reducir en 6.045 millones la inversión pública estatal en 2010 y 2011.
Con estas medidas el Gobierno pretende ahorrar 5.000 millones de euros este año y unos 15.000 el año que viene. ¿Va a servir para algo, va a mejorar la situación económica, va a solucionar los problemas de la gente que está en paro o de las familias que se están quedando sin vivienda? Nos gustaría decir lo contrario, pero la verdad es que estas medidas no sólo no nos van a sacar de la crisis sino que van a profundizarla, creando más desempleo, si cabe, y todo para tranquilizar a unos mercados especulativos que sólo piensan en sus beneficios a costa de empobrecer aún más a los de abajo. Estas medidas no sirven porque para salir de la crisis hace falta precisamente lo contrario. Hace falta generar más actividad económica y empleo y para ello es vital la inversión y el gasto público. En vez de reducir los ingresos a los consumidores lo que va a llevar al cierre de empresas y a más paro, hay que apostar por incrementar las ayudas, por subir las pensiones más bajas, por inversiones que creen empleo y riqueza". [Sigue]

"Y claro que hay que ahorrar y recortar gasto público.
Se nos ocurren algunas ideas:
- Retirada de las tropas españolas de Afganistán, Líbano y Somalia (750 millones de ahorro)
- Eliminar la inversión en investigación militar prevista para 2010 (950 millones de ahorro)
- Suprimir la compra de armamentos para 2010 (1.400millones de ahorro)
- Suprimir las subvenciones a la enseñanza de la religión (600 millones de ahorro)
- Eliminar las exenciones de los premios de la lotería, apuestas y sorteos (1.165 millones de ahorro)
- Suprimir la aportación del estado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Frob (6.750 millones de ahorro)
Solo estas medidas suponen 11.615 millones de ahorro, más del doble de lo que va a conseguir el Gobierno congelando las pensiones y reduciendo los sueldos de los trabajadores públicos.
No sólo se puede ahorrar también se puede ingresar más y mejor. Por ejemplo:
- Sólo los beneficios en el primer trimestre de este año de tres empresas que fueron privatizas (Telefónica, Endesa y Repsol) han supuesto 3.879 millones de euros. ¿Por qué no recuperarlas para lo público?
- Ya que siguen sin dar crédito alguno y no facilitan la recuperación económica, el estado podría exigir la devolución de las ayudas directas que se le regaló a la banca. Se ingresaría 61.000 millones de euros.
- Los inspectores fiscales han dicho que si les ponen medios pueden rescatar 100.000 millones del fraude en cuatro años. En vez de eso, el Gobierno ha bajado un 6,1% el presupuesto de la Agencia Tributaria. ¿Se protege el fraude en España?
- Sólo evitando regalar ayudas públicas a empresas que especulan con dinero público, como el caso Delphi, se ahorraría cientos de millones de euros.
Hemos demostrado con estos ejemplos sencillos que el Gobierno Zapatero en realidad no quiere reducir el déficit público. Lo que pretende es transferir riqueza de los trabajadores y los pensionistas a los bancos que van a seguir recibiendo ayudas públicas.
Con el aplauso de los banqueros, del FMI y de su amigo Obama, Zapatero ha declarado la guerra a la clase trabajadora. Pero no seamos ilusos, esto se veía venir.
Cuando comenzó la crisis lo primero que hizo fue negar la evidencia y engañar al pueblo para ganar de nuevo las elecciones. Después regaló miles de millones de euros a la gran banca y a los buitres del ladrillo, responsables directos de la especulación y la crisis.
No contento con este robo legal del dinero público subió el IVA al 18%, un impuesto que recae sobre los consumidores cuya inmensa mayoría somos los millones de personas que dependemos de un salario o de una prestación social. Encima se atreve a anunciar la jubilación a los 67 años y una nueva reforma laboral para abaratar el despido.
Mientras que el Gobierno miraba por los intereses de los usureros y especuladores, millones de personas eran arrojadas al desempleo sin perspectiva de encontrar un trabajo digno y miles de familias perdían sus casas.
Ante todo esto muy pocos protestamos y nos movimos.
Desde la ocupación del Banco de Santander en Sevilla hace ahora dos años, el SAT ha ido advirtiendo de las pretensiones del Gobierno para hacernos pagar la crisis a los trabajadores. En las dos últimas huelgas generales de la Sierra de Cádiz y la Sierra Sur de Sevilla se pudo comprobar cómo la clase obrera y la población en general está dispuesta a ir a una huelga general.
Y la consecuencia de la pasividad y resignación de algunos sindicatos ha sido este nuevo ataque.
En Grecia, con una tasa de paro la mitad que España, llevan cinco huelgas generales. UGT y CCOO han mostrado su solidaridad con los trabajadores griegos y han apoyado su lucha. Ahora, existen las mismas razones que en Grecia para iniciar el camino de la huelga general. El 8 de junio se ha convocado un paro general en la Administración Pública. Convocar un paro exclusivamente en este sector es totalmente insuficiente porque este ataque repercute en toda la sociedad y no sólo en los funcionarios como se está diciendo. Pero aunque sea insuficiente, el SAT apoya la huelga de la Administración pública del 8 de junio y llama a la clase trabajadora andaluza a secundarla.
Sin embargo, hace falta preparar una HUELGA GENERAL DE 24 HORAS en toda ANDALUCÍA y con ese propósito convocaremos a todas las organizaciones y colectivos de la izquierda sindical, social y política a un encuentro para poner fecha a esa gran movilización".