Según Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento y la Junta pretenden autorizar un hotel en la mansión ‘ilegal’ que construyó ‘El Turronero’

Finca en Cerro Mulera.

Finca en Cerro Mulera.

El colectivo Ecologistas en Acción difundió el 31 de enero de 2018 el siguiente comunicado: “El Ayuntamiento de Ubrique y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAyOT) están tramitando una nueva ampliación de la mansión que construyó de forma ilegal Jose Luis López en suelo no urbanizable de ese municipio con la justificación de que se va a convertir en un hotel. Estas edificaciones ilegales se han levantado en Cerro Mulera, entre los parques naturales de la Sierra de Grazalema y Los Alcornocales. Un nuevo escándalo urbanístico cuando creíamos que la especulación urbanística ya era cosa del pasado. Estas administraciones, que son las responsables de la disciplina urbanística, en vez de aplicar la ley y ordenar la demolición de todo lo construido ilegalmente, están buscando triquiñuelas para amparar y blindar una mansión ilegal de más de 1.000 metros cuadrados”.

Finca en Cerro Mulera.

Finca en Cerro Mulera.

El comunicado de Ecologistas en Acción continúa: “Jose Luis López es un conocido personaje que hizo su fortuna con la especulación urbanística, y que ha sido condenado por la Audiencia provincial de Cádiz, junto con el ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco, en el conocido como ‘caso Estación de Autobuses’ por prevaricación y fraude.

Cuando se iniciaron en 2009 las obras de esta gran mansión de lujo muy ostentosa y visible –cuenta con vivienda, bodega, boxes para coches, piscina cubierta, aparcamientos, terrazas ajardinadas… -, ni el Ayuntamiento ni la Junta hicieron nada por paralizarlas. Sólo cuando Ecologistas en Acción las denunció a la CMAyOT, la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda instó al Ayuntamiento a actuar. El Ayuntamiento incoa varios expedientes sancionadores, pero no ordenó la demolición de lo ilegalmente construido como exige la ley. Entonces comienza a urdirse una trama para impedir la demolición y amparar estas edificaciones ilegales, con el apoyo del propio Ayuntamiento y de la CMAyOT, que “asesoran” al propietario para que presente un Plan de Actuación con el supuesto objetivo de reconvertir la mansión en hotel –eufemísticamente denominado “Complejo Turístico Rural en Cerro Mulera”-, garantizándole que se lo legalizarían. Sólo le pidieron que pagara las sanciones económicas, que ascendían a 105.811 €, y el tema de la infracción urbanística se dio por cancelado por parte del Ayuntamiento y la CMAyOT. Parece que con dinero todo se consigue.

El supuesto hotel nunca ha estado abierto al público, siendo una mansión de uso privativo del propietario y su familia. Pero el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han seguido consintiendo este fraude legal, llegándose al esperpento de declarar unas edificaciones ilegales de “Utilidad Pública e Interés Social”.

Ahora se pretende duplicar la superficie construida, de nuevo con el beneplácito de Ayuntamiento y CMAyOT, a pesar de que estas edificaciones infringen las normas urbanísticas de Ubrique, e incumplen claramente el artículo 42 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (LOUA), pues no reúne ninguno de los requisitos para su declaración de Utilidad Pública e Interés Social y no hay ninguna justificación legal –más allá que la de impedir su demolición- para la construcción de este hotel en suelo no urbanizable, existiendo suelo urbano y urbanizable en Ubrique para construir un hotel legal.

Ecologistas en Acción ha presentado en el Ayuntamiento de Ubrique numerosas alegaciones contra este proyecto especulativo y también se ha dirigido al Secretario General de Ordenación del Territorio de la CMAyOT para exigirle que se den instrucciones a la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda para que investigue estos hechos, dejen de avalar este proyecto, y que conforme dispone el art. 195.4 de la LOUA, se pongan estos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal por si los responsables de estas actuaciones hayan podido incurrir, por acción u omisión, en los presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y de omisión de perseguir delitos”.