Izquierda Unida se congratula de la firma del convenio antidesahucios entre Ayuntamiento y Junta

José García Solano (IU).

José García Solano (IU).

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique difundió el 4 de octubre de 2013 el siguiente comunicado: “Aún habiéndonos enterado a través de los medios de comunicación de la firma por parte del Alcalde de Ubrique del Convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, promovido por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que preside nuestra compañera Elena Cortés, desde el Grupo Municipal de IULV-CA nos congratulamos que casi un año después de que hiciésemos la primera propuesta en pleno para ello, por fin se formalice este acto. Y es que esta adhesión ha tenido numerosas vicisitudes, primero tras presentarse en pleno en noviembre de 2012 se dejaba sobre la mesa para intentar unificarla con otra del PA, después en diciembre y ante la falta de la convocatoria de una reunión para tratar el tema, el Grupo Municipal Andalucista presentaba su propuesta en pleno, algo que realizábamos en enero de 2013 desde Izquierda Unida, y que se aprobaba por el pleno. En febrero de 2013 se convocaba al Alcalde de Ubrique para la firma del convenio con la Consejera de Vivienda, algo que no sucedió al no acudir al acto nuestro Alcalde ni ningún representante del Ayuntamiento. Desde entonces comunicaciones entre las Administraciones para la concreción detallada del acuerdo y del encuentro con la Consejera para la firma del mismo el pasado miércoles 2 de octubre de 2013”.

 

El comunicado de IU continúa: “No obstante el retraso en la firma, no ha impedido a la empresa municipal PROUVISA el asumir los compromisos recogidos en dicho convenio y de participar en las acciones formativas organizadas por la Consejería de Vivienda, de cara a servir de puente y apoyo entre los ciudadanos ubriqueños y los técnicos de la Junta de Andalucía.
Recordar que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda como indica la Consejera “ha supuesto un cambio de paradigma en la forma de hacer política contra los desahucios, al demostrar que la neutralidad entre la entidad financiera y la familia en riesgo de desahucio era una opción que tomaban las administraciones, no una postura inevitable”, de igual forma la consejera ha recalcado que esta es una herramienta “paliativa”, mientras que la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada el pasado 25 de septiembre, es “profundamente transformadora y sí altera de forma definitiva el statu quo”.
Así mismo, el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional, presentado el 9 de julio, provocó la suspensión del Decreto de Función Social de la Vivienda, que ahora ha sido aprobado como Ley en el Parlamento. La nueva norma amplía los supuestos para acogerse a la expropiación del uso de viviendas para evitar desahucios, incluyendo a avalistas, autónomos y atrapados por las hipotecas puente.
De igual forma, un eventual recurso a la Ley, sería injusto porque se trata de una norma a todas luces constitucional, y supondría ponerse de parte de las élites financieras y de los fondos buitre que están haciendo negocios redondos comprando a precio de saldo las viviendas del banco malo para especular”.